Diagnóstico Integral de Justicia Cívica
¿Qué es este diagnóstico y por qué es relevante?
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) elabora el Diagnóstico Integral de Justicia Cívica, el análisis comprende la verificación de que las personas infractoras reciban un trato digno, cuenten con acceso a servicios adecuados y que los procedimientos se desarrollen con apego a la legalidad y a la justicia.
Este ejercicio constituye una de las acciones de supervisión más amplias y especializadas en el país en materia de justicia cívica municipal con enfoque de derechos humanos.
Informe interactivo
Consulta información en tiempo real sobre el Diagnóstico Integral de Justicia Cívica, cumplimiento y derechos humanos protegidos.
13 de mayo de 2025 al 7 de agosto de 2025
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¿Qué se hizo? Metodología aplicada
Para conocer con precisión la situación de la justicia cívica en los municipios mexiquenses, se aplicó una metodología integral basada en tres herramientas principales:
Entrevistas estructuradas
Aplicación de cuestionarios con preguntas cerradas a autoridades municipales.
Observación participante in situ
Presencia directa en Juzgados Cívicos para documentar la interacción entre autoridades —jueces cívicos, policías, personal médico y psicológico— y personas infractoras.
Análisis documental
Revisión de actas, registros y documentos normativos relevantes.
En particular, se observó el cambio en el proceso de transición de los municipios del modelo tradicional de calificación de faltas administrativas hacia la consolidación de un esquema de justicia cívica enfocado en la prevención, la solución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria.
¿Qué se evaluó? Ejes de derechos humanos
El diagnóstico se centró en los siguientes derechos fundamentales:
Derecho a la protección de la salud
Se valoró si las personas detenidas, incluso por periodos breves, tienen acceso a servicios médicos adecuados. Esto implica coordinación con instituciones de salud y vigilancia activa de su estado físico y mental.
Derecho a una estancia digna y segura
Se evaluaron las condiciones físicas e higiénicas de los espacios donde permanecen las personas detenidas. Esto incluye iluminación, ventilación, acceso a agua potable, instalaciones sanitarias, seguridad estructural y personal capacitado para el resguardo.
Derecho a la seguridad jurídica y debido procedimiento
Se revisó si las autoridades municipales respetan las normas legales establecidas en la LJCEMM. Esto incluye la existencia de jueces cívicos debidamente acreditados, la aplicación de procedimientos transparentes, y el respeto al principio de presunción de inocencia.
Derecho a la integridad personal
Se verificó si las autoridades cumplen con su deber de custodia de manera que garantice la integridad física y emocional de las personas bajo su responsabilidad, especialmente en momentos de detención.
Derecho a las buenas prácticas de la administración pública
Se verificó que las autoridades actúen con legalidad, transparencia, trato digno y sin discriminación, prestando servicios públicos de calidad y cumpliendo estándares éticos que rigen el servicio público.
Hallazgos principales
A través de la observación, se continúa identificando prácticas que podrían vulnerar derechos, especialmente en casos donde no existen protocolos de trato diferenciado para grupos en situación de vulnerabilidad como:
Grupos Identificados
Adolescentes
Personas indígenas
Personas de la comunidad LGBTTTI+
Personas con alguna enfermedad crónica
Algunos municipios han hecho esfuerzos importantes para consolidar el nuevo modelo de Justicia Cívica, pero la implementación continúa siendo desigual y depende en gran medida de la voluntad política local y la disponibilidad de recursos.
Participación institucional y Conclusiones
El trabajo fue encabezado por la Presidencia de CODHEM, con la participación activa de la Primera y Segunda Visitadurías Generales, y un equipo de personas visitadoras generales, especializadas y adjuntas. Se aplicaron cuestionarios tanto a autoridades con poder de decisión como a personas infractoras.
Este diagnóstico permite identificar y observar el cambio, avances y retrocesos del modelo de Justicia Cívica en el Estado de México desde una perspectiva de derechos humanos. La información recabada sirve como base para proponer ajustes normativos, administrativos y operativos que garanticen el respeto a la dignidad de todas las personas, incluso en contextos de detención por faltas administrativas.
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